El contexto nacional e internacional no es favorecedor a los
campesinos. Primero porque con la
suscripción de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión
Europea el campo quedó desprotegido frente a las importaciones de alimentos,
trayendo la ruina de varios cultivos
y de bastos sectores sociales del campo. En segundo lugar, el Gobierno de Santos mientras incluye un
capítulo sobre desarrollo rural en los acuerdos de la Habana para favorecer a
los campesinos y restituirles sus tierras, por otro, pese a
oposición de varias organizaciones de derechos humanos, el Polo Democrático
y la Alianza Verde, sancionó la Ley 1776 de 2016, el pasado 29 de enero, que
crea las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres),
piedra angular del modelo monopólico agroindustrial que priva de sus derechos a
los campesinos.
Según la Ley, el Estado puede arrendar o concesionar tierras
baldías a quienes presenten proyectos agroindustriales viables que garanticen
la producción en zonas que requieren altas inversiones de capital. El
subterfugio está en la palabra “arrendar”, pues en la teoría los campesinos no
pierden la propiedad de la tierra pero en la práctica pierden sus derechos. La Ley modifica el régimen de baldíos
usando la estrategia del ocultamiento. De acuerdo con la Constitución y la Ley
160 de 1994 los baldíos nacionales deben entregarse a los campesinos y trabajadores
rurales sin tierra en extensiones no mayores a una Unidad Agrícola Familiar, UAF.
Como dijo el senador Jorge Enrique Robledo a El Espectador:
“El truco es que el Gobierno no
escritura, pero se entrega en concesión a 30, 40, 60 años”, dado que los
proyectos agrodindustriales requieren largos plazos para que sean rentables. Si
esa es la manera en que la administración Santos cree que debe organizarse el
agro, habrá que discutirlo, pero no es un debate que pueda evadirse. Estas
tierras se van a otorgar por tiempos considerables a compañías que tengan
músculo financiero para administrarlas, y eso está lejos de ser el objetivo original
de la adjudicación de baldíos”.
A los propietarios y/o tenedores dentro de una zidres les
dirán cómo usar y explotar sus propiedades y no podrán opinar sobre si las condiciones les resulta o no
convenientes pues los propietarios
de un terreno que deba ser utilizado en un proyecto deberán asociarse o
entregar su bien.
La demanda contra la ley presentada por congresistas del Polo y Alianza Verde
dice que: “Los empresarios obtienen mayores beneficios y asumen menos riesgos,
mientras que los campesinos pierden autonomía frente al manejo de la tierra,
del proyecto productivo, de los incentivos públicos y además pierden su
autonomía como sujeto campesino”.
Las zidres tienen varios elementos en común con las
distintas modalidades de concesión que existen en el mundo para acumular
tierras. Estas Zonas no son una invención criolla, son un eslabón más de la
cadena que comprende el modelo internacional de concesión y acaparamiento
conocido como Land grabbing, asegura Oxfam.
Este proyecto es el sexto intento del gobierno de Santos
para legalizar las ilegalidades cometidas por los clientes del bufete de
abogados del ex embajador Urrutia y otros magnates como Cargill, la
transnacional agrícola más grande del mundo, Pacific Rubiales, entre otros,
quienes han acumulado ilegalmente predios que originalmente fueron baldíos.
El senador polista anotó en un debate en el Congreso que el
Polo siempre ha defendido un modelo de producción agrícola dual, donde quepan
campesinos y empresarios y que el debate en contra del proyecto Urrutia-Zidres
no es un debate en contra del desarrollo de la Altillanura, ni en contra de la
producción empresarial, sino en contra de un proyecto particular que despoja a
los campesinos de sus derechos y profundiza un pésimo modelo agrario.
La agricultura desaparece paulatinamente de la economía
nacional, aseguró Oscar Gutiérrez,
residente de Dignidad Agropecuaria.
“Unas cifras ilustran lo dicho.
La agricultura como porcentaje del PIB representaba en el año 1990 el 17.7%, en
2013, representa el 6.1% del PIB. En el empleo, la agricultura representaba en
1990 el 26%, en 2013 representa el 16.9. Las exportaciones agroalimentarias
como porcentaje de las exportaciones representaban, en 1990 el 37.6% de las
exportaciones totales, en 2013 representa -escasamente- el 11.4%. Y, en el
balance de las exportaciones agroalimentarias, lo que tenemos es que en 1990
era de 2 mil 400 millones de dólares a favor de Colombia y, en 2013, es de solo
500 de millones de dólares”. Esos son los resultados de la política agraria
oficial.
Testimonios de la gravedad de la crisis agropecuaria fueron
el Paro Cívico Cafetero Nacional de 2012 y el Paro Nacional Agropecuario de
2013.
La desaparición del agro nacional no es un tema de poca
monta, ya que no sólo afecta a 12 millones de colombianos que derivan su
sustento del sector, sino que constriñe la autonomía del país que se ve
obligado a depender de otras naciones para alimentar a su población.
Frente a esta situación, Dignidad Agropecuaria Colombiana y
otras organizaciones agrarias están promoviendo un Referendo por el Agro
Nacional, con el que buscan incorporar en la Constitución Política de Colombia
un mandato directo que obligue al Estado a defender la soberanía alimentaria
–mediante la protección y el fomento de la pequeña, mediana y gran producción
nacional agropecuaria, de la biodiversidad agrícola y el trabajo que de ellas
se desprende – frente a los acuerdos comerciales internacionales (TLC) y el
capital extranjero presente en el país. En particular, el Referendo busca
modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Nacional, así como
renegociar – o terminar unilateralmente, si fuera necesario – los TLC, con base
en el nuevo mandato constitucional, fortalecer la producción agraria nacional,
promoviendo el acceso a la capacitación técnica, al crédito agrario de fomento,
sin esquemas comerciales a insumos y fertilizantes, y un precio justo y una
producción con precios de sustentación, seguros de cosecha y fortalecimiento
del mercado interno.
Coletilla:
En un país donde la concentración de la tierra y el despojo
de los campesinos de sus parcelas es secular, el fallo de la Corte
Constitucional a favor de la comunidad campesina que disputa las tierras
de la empresa de palma africana La
Dolce Vista Estate de Germán Efromovich, en el sur de Cesar es histórico.
La Sala Plena concedió una tutela a favor de la Asociación
Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), determinando que las
casi 2.000 hectáreas de la hacienda Bellacruz, de propiedad del presidente de
Avianca Germán Efromovich, son terrenos baldíos de la Nación que deben ser
devueltos a los campesinos que hace 19 años habían sido desplazados de sus
tierras por paramilitares. La
Corte amparó los derechos al debido proceso, a la vida, trabajo y vivienda en condiciones
dignas poniendo fin a dos décadas de litigios y confrontación. Quedaron sin
efecto las resoluciones del Incoder que en 2015 le habían quitado el carácter
de baldíos a los terrenos que conforman la hacienda hoy conocida como La
Gloria.
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