La conversaciones en la Habana no llegaron a puerto el
pasado 23 de marzo como había prometido el presidente Santos. Falta por acordar
nada menos que el meollo del asunto: el fin del conflicto y el desarme, lo cual
requiere de unas zonas de concentración y unas reglas de juego para que las FARC
progresivamente se integren a la vida civil. Sin su desarme no puede haber paz.
Pero el mismo gobierno, en cabeza del alto comisionado para la paz, Sergio
Jaramillo, ha aclarado que la paz es lo que viene después de la firma de los
acuerdos con la construcción de la paz territorial para que por fin haya “una paz duradera y
estable”. Es decir, no basta con que se acuerde el fin del
conflicto, una realidad no suficientemente asimilada ni por la dirigencia
política ni por el país.
En el Foro organizado por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz y la Revista Semana: ¿Cómo
construir la paz en los territorios?, que se realizó el pasado 29 de
febrero el Hotel Tequendama, se ventiló el tema aunque todavía de una manera
especulativa: la paz territorial es por lo pronto un concepto interesante y una
apuesta con retos enormes.
Es interesante porque se reconoce oficialmente que el escenario natural de la
reconciliación nacional es esa Colombia olvidada y abandonada secularmente por
el Estado donde se ha vivido el conflicto armado de manera más directa y donde
la inequidad, el desempleo, el atraso y
la pobreza son apabullantes. La paz requiere de justicia social en las regiones. Y no estoy diciendo
con ello que el alzamiento armado se justifique por cuenta de las
carencias y la pobreza. Creo que este obedeció a una decisión política de las
FARC y su regreso a la vida civil también depende de una decisión política, una
decisión aupada no por una derrota o victoria militar sino por la realidad: la
vía armada nunca fue acompañada por las mayorías y el repudio a su vinculación
con el narcotráfico y a su recurso a
métodos criminales como el secuestro y la extorsión por más de 50 años es
unánime. La paz es uno de los pocos consensos nacionales. El cómo es lo que ha
generado polarización y desencuentros mas sin embargo la llamada solución
política del conflicto armado ha
avanzado como nunca antes.
La paz territorial enfrenta enormes retos comenzando por el
gran escepticismo de las
poblaciones afectadas. En el Urabá, el Catatumbo, el Pacífico, el Norte del Cauca, el Sur de Bolívar,
para nombrar algunas regiones, sus
pobladores dicen que “que la paz no es para nosotros” y tampoco creen en el
Estado ni en los acuerdos, lo cual no es noticia. Cómo construir confianza fue el tema de uno de los paneles
del foro.
Sergio Jaramillo admitió que se necesita una nueva institucionalidad, ya que el viejo
modelo según el cual “vamos a llevar el Estado a los territorios fracasó” como
ha fracasado el clientelismo y los
métodos corruptos que le acompañan. Se habló de la necesidad reconsiderar la
descentralización y de poner en marcha la planificación participativa o
planeación con enfoque territorial.
Sin embargo, el ministro Cárdenas, cuando habló de equidad territorial y de un presupuesto
más descentralizado, puso como ejemplo e hizo alarde de unas supuestas bondades
de la nueva ley de regalías,
y no se comprometió con monto alguno para el postconflicto y no se sabe
de dónde van a salir los recursos en medio de una crisis fiscal descomunal. Una fatalidad, puesto que los
representantes de la comunidades y las regiones, más allá de las capitales y de
las cabeceras municipales, sí dijeron que la paz son obras y no buenas razones: carreteras para sacar las cosechas,
hospitales dignos, educación gratuita, empleo, salud, etc. Sin recursos suficientes avizoro un incremento de la protesta
social e igualmente si no se cambia el modelo de desarrollo, cuestión que no se negoció
en la Habana y que tampoco se trató en el foro.
Los acuerdos en materia social no son “la revolución por
contrato”, pero sí incluyen medidas ambiciosas en materia de desarrollo rural:
se acuerda una reforma rural integral para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del campo, eliminar la pobreza, reactivar la economía campesina,
cerrar la frontera agrícola, conservar el medio ambiente y crear zonas de
seguridad alimentaria. La reforma contiene
tres aspectos principales: 1) Acceso y uso de la tierra: se crea un fondo para
distribuir tierras principalmente a las mujeres y a los desplazados de la
violencia pero también a los campesinos sin tierra. Se rescatan tierras usurpadas por el narcotráfico. 2) Planes
Nacionales Sectoriales para las zonas más abandonas en una transición de diez
años: infraestructura, electrificación, riego y drenaje, asistencia técnica,
seguridad alimentaria, educación, vivienda rural y salud. 3) Programas de
desarrollo con enfoque territorial: en zonas más rezagadas y afectadas por el conflicto donde se
debe propiciar la reconciliación y la no repetición. Se priorizarán unos
municipios bajo estos criterios. También se acordó un programa de sustitución
de cultivos ilícitos y no criminalizar a los cultivadores, sin embargo, estos
acuerdos poco han sido divulgados y en el foro no se mencionaron.
Otro aspecto que ahora reconoce el Gobierno por boca del alto comisionado, es que lo que más
quiere hoy la gente es voz: que se le escuche y se le reconozca o dicho de otra manera, participación en las
decisiones que les afecta. Pero, ¿cómo encausar el conflicto y el descontento
por unos canales institucionales? La pregunta se la plantea el Gobierno mas sinembargo la respuesta no es clara ni fácil. En cuanto a participación,
extrañamente, ni siquiera se
mencionó la nueva Ley Estatutaria de Participación (1757 de 2015) que propone
la creación de un sistema nacional
de participación, que puede contribuir a coordinar y ordenar un poco las muchas
instancias creadas por ley pero inoperantes.
Pero quizás el reto más delicado tiene que ver con las
garantías de seguridad tanto para los que se van a desmovilizar como para los
líderes sociales. La revista Semana denunció el aumento reciente de los
asesinatos de líderes y el
crecimiento del paramilitarismo y de las bandas criminales.
Los partidos políticos tradicionales fueron duramente
criticados y en especial el padre Francisco de Roux pidió que no les entreguen
los recursos de la paz. La izquierda democrática tiene un compromiso con las
negociaciones de paz mas no por ello va a dejar de hacer oposición, a fin de
cuentas esa es su razón de ser. Uno de los puntos del acuerdo es la legitimidad
de la protesta social, vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo evolucionan
las veinticuatro mesas de concertación con el Gobierno.
El Estado colombiano no lo puede todo, es más puede muy
poquito.