La paz territorial

La conversaciones en la Habana no llegaron a puerto el pasado 23 de marzo como había prometido el presidente Santos. Falta por acordar nada menos que el meollo del asunto: el fin del conflicto y el desarme, lo cual requiere de unas zonas de concentración y unas reglas de juego para que las FARC progresivamente se integren a la vida civil. Sin su desarme no puede haber paz. Pero el mismo gobierno, en cabeza del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha aclarado que la paz es lo que viene después de la firma de los acuerdos con la construcción de la paz territorial para que por  fin haya “una paz duradera y estable”.  Es decir,  no basta con que se acuerde el fin del conflicto, una realidad no suficientemente asimilada ni por la dirigencia política ni por el país. 

En el Foro organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Revista Semana: ¿Cómo construir la paz en los territorios?, que se realizó el pasado 29 de febrero el Hotel Tequendama, se ventiló el tema aunque todavía de una manera especulativa: la paz territorial es por lo pronto un concepto interesante y una apuesta con retos enormes.

Es interesante porque se reconoce oficialmente que  el escenario natural de la reconciliación nacional es esa Colombia olvidada y abandonada secularmente por el Estado donde se ha vivido el conflicto armado de manera más directa y donde la inequidad, el desempleo, el atraso y  la pobreza son apabullantes. La paz requiere de justicia social  en las regiones. Y no estoy diciendo con ello que el alzamiento armado se justifique por cuenta de las carencias y la pobreza. Creo que este obedeció a una decisión política de las FARC y su regreso a la vida civil también depende de una decisión política, una decisión aupada no por una derrota o victoria militar sino por la realidad: la vía armada nunca fue acompañada por las mayorías y el repudio a su vinculación con el narcotráfico y a su recurso a  métodos criminales como el secuestro y la extorsión por más de 50 años es unánime. La paz es uno de los pocos consensos nacionales. El cómo es lo que ha generado polarización y desencuentros mas sin embargo la llamada solución política del conflicto armado ha  avanzado como nunca antes.

La paz territorial enfrenta enormes retos comenzando por el gran escepticismo de las poblaciones afectadas. En el Urabá, el Catatumbo, el Pacífico,  el Norte del Cauca, el Sur de Bolívar, para nombrar algunas regiones,  sus pobladores dicen que “que la paz no es para nosotros” y tampoco creen en el Estado ni en los acuerdos, lo cual no es noticia.  Cómo construir confianza fue el tema de uno de los paneles del foro. 

Sergio Jaramillo admitió que se necesita una nueva institucionalidad, ya que el viejo modelo según el cual “vamos a llevar el Estado a los territorios fracasó” como ha fracasado el clientelismo y  los métodos corruptos que le acompañan. Se habló de la necesidad reconsiderar la descentralización y de poner en marcha la planificación participativa o planeación con enfoque territorial.  Sin embargo, el ministro Cárdenas, cuando habló de  equidad territorial y de un presupuesto más descentralizado, puso como ejemplo e hizo alarde de unas supuestas bondades de la nueva ley de regalías, y no se comprometió con monto alguno para el postconflicto y no se sabe de dónde van a salir los recursos en medio de una crisis fiscal descomunal.  Una fatalidad, puesto que los representantes de la comunidades y las regiones, más allá de las capitales y de las cabeceras municipales, sí dijeron que la paz son obras y no buenas razones:  carreteras para sacar las cosechas, hospitales dignos, educación gratuita, empleo, salud, etc.  Sin recursos suficientes  avizoro un incremento de la protesta social e igualmente si no se cambia el modelo de desarrollo, cuestión que no se negoció en la Habana y que tampoco se trató en el foro. 

Los acuerdos en materia social no son “la revolución por contrato”, pero sí incluyen medidas ambiciosas en materia de desarrollo rural: se acuerda una reforma rural integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo, eliminar la pobreza, reactivar la economía campesina, cerrar la frontera agrícola, conservar el medio ambiente y crear zonas de seguridad alimentaria. La reforma  contiene tres aspectos principales: 1) Acceso y uso de la tierra: se crea un fondo para distribuir tierras principalmente a las mujeres y a los desplazados de la violencia pero también a los campesinos sin tierra.  Se rescatan tierras usurpadas por el narcotráfico. 2) Planes Nacionales Sectoriales para las zonas más abandonas en una transición de diez años: infraestructura, electrificación, riego y drenaje, asistencia técnica, seguridad alimentaria, educación, vivienda rural y salud. 3) Programas de desarrollo con enfoque territorial: en zonas más rezagadas  y afectadas por el conflicto donde se debe propiciar la reconciliación y la no repetición. Se priorizarán unos municipios bajo estos criterios. También se acordó un programa de sustitución de cultivos ilícitos y no criminalizar a los cultivadores, sin embargo, estos acuerdos poco han sido divulgados y en el foro no se mencionaron. 

Otro aspecto que ahora reconoce el Gobierno por boca del  alto comisionado, es que lo que más quiere hoy la gente es voz: que se le escuche y se le reconozca o dicho de  otra manera, participación en las decisiones que les afecta. Pero, ¿cómo encausar el conflicto y el descontento por unos canales institucionales? La pregunta se la plantea el Gobierno mas sinembargo la respuesta no es clara ni fácil. En cuanto a participación, extrañamente, ni  siquiera se mencionó la nueva Ley Estatutaria de Participación (1757 de 2015) que propone la creación  de un sistema nacional de participación, que puede contribuir a coordinar y ordenar un poco las muchas instancias creadas por ley pero inoperantes. 

Pero quizás el reto más delicado tiene que ver con las garantías de seguridad tanto para los que se van a desmovilizar como para los líderes sociales. La revista Semana denunció el aumento reciente de los asesinatos de líderes  y el crecimiento del paramilitarismo y de las bandas criminales.  

Los partidos políticos tradicionales fueron duramente criticados y en especial el padre Francisco de Roux pidió que no les entreguen los recursos de la paz. La izquierda democrática tiene un compromiso con las negociaciones de paz mas no por ello va a dejar de hacer oposición, a fin de cuentas esa es su razón de ser. Uno de los puntos del acuerdo es la legitimidad de la protesta social, vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo evolucionan las veinticuatro mesas de concertación con el Gobierno.  

El Estado colombiano no lo puede todo, es más puede muy poquito.